SAN PABLO.- La Justicia brasileña dictó el procesamiento formal y agravó la situación del argentino Eduardo Ignacio Murias, detenido el 24 de mayo en Minas Gerais. Al aceptar la denuncia del Ministerio Público bajo estricto secreto de sumario, el tribunal convirtió oficialmente en reo al santiagueño de 63 años por los delitos de injuria racial y racismo.
El caso se originó durante un viaje en el tradicional tren turístico “Maria Fumaça” que conecta São João del-Rei y Tiradentes. Según consta en el documento judicial con la denuncia, al que tuvo acceso LA NACION, la fiscalía imputa a Murias haber fotografiado de forma reiterada y sin consentimiento a un niño brasileño de siete años que viajaba junto a su madre en la misma formación.
El escrito del Ministerio Público detalla que el acusado, con un teléfono celular, envió las imágenes de la víctima a través de WhatsApp a al menos dos contactos en la Argentina. En los diálogos recuperados por los investigadores, Murias asoció explícitamente al menor con la condición de persona esclavizada.
“Al lado mío en el tren, es negrito, pero muy lindito, gorda, lo puedo llevar de esclavo”, escribió en uno de los chats que constan en la denuncia. En otra conversación, añadió: “Estoy pensando llevar un esclavo, hay muchos aquí. Puedo llevar una esclava para que cuide tus nietas”.
La maniobra fue descubierta de forma fortuita por una pasajera ubicada en el asiento posterior. De acuerdo con la denuncia, la testigo observó que Murias alternaba la visualización de material pornográfico para adultos con el envío de las fotos del niño, acompañadas por stickers de monos y frases discriminatorias.
A pesar de los intentos de la defensa por morigerar la situación del detenido, la respuesta institucional brasileña ha sido inflexible.
El fiscal Felipe Guimarães Amantéa denegó la posibilidad de un acuerdo de no persecución penal, respaldándose en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (STF) que excluye a los delitos raciales de beneficios procesales por su gravedad. Murias permanece detenido en una unidad penitenciaria de São João del-Rei.
Según pudo saber LA NACION, la defensa -que prevé presentar su respuesta formal a la acusación a comienzos de la próxima semana- basará su estrategia en demostrar que la conducta no constituye delito. El argumento central será que se requiere una “exteriorización” de la supuesta ofensa hacia la víctima, algo que, sostienen, no ocurrió en el ámbito de un chat privado.
Para la fiscalía, la reiteración de fotos del menor y los mensajes enviados al menos a dos destinatarios configuran dos delitos. La defensa impugnará esta tipificación por considerar que implicaría juzgar dos veces el mismo hecho.
Desde el entorno del acusado consideran que la fiscalía apresuró la presentación de la denuncia, a comienzos de la semana pasada, para consolidar la condición de reo y obstaculizar los recursos de habeas corpus que aún no fueron resueltos, tanto en la cámara local como en el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La acumulación de cargos busca que una eventual condena supere los cuatro años de prisión, límite que en Brasil habilita el cumplimiento en régimen cerrado y efectivo.
Cerca de la defensa admiten también una preocupación extrajurídica: sostienen que la reiteración reciente de casos de racismo protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil ha generado un clima de alta sensibilidad social, que endurece los criterios de los magistrados, que buscan dar señales de severidad ante la opinión pública.
En la vereda opuesta, el abogado de la querella, Gilberto Silva, afirmó que la familia de Dominique dos Santos Queiroga, madre del niño, recibió la apertura de la acción penal con “serenidad y confianza”.
“Es un resultado que esperábamos ante la solidez de los elementos reunidos durante la investigación por la Policía Civil de Minas Gerais”, señaló.
Silva subrayó que el daño excede lo penal y adelantó que el caso se trasladará también al fuero civil. “El niño, su madre y sus familiares continúan con consecuencias emocionales y psicológicas derivadas del episodio y reciben asistencia especializada”, expresó el abogado, que promoverá una demanda por daños morales y materiales.
Para la querella, la firmeza institucional de Brasil envía un mensaje claro de que el racismo “no será tolerado, independientemente de la nacionalidad” del infractor.
Con la aceptación de la denuncia por parte del Juzgado de la 1ª Vara Criminal de São João del-Rei, el caso cerró la etapa de investigación preliminar a cargo de la Policía de Minas Gerais. Desde ahora se inicia formalmente el proceso penal en la justicia ordinaria.
Los próximos pasos contemplan que, una vez presentada la respuesta de la defensa, el tribunal fije el calendario de audiencias de instrucción y juicio.
En esta etapa, todas las partes involucradas —incluidos los familiares, la testigo que detectó los mensajes en el tren, los peritos que deben aportar el informe definitivo sobre el teléfono incautado y el propio acusado— serán convocadas a declarar antes de que se dicte sentencia.