“Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”, decía el mensaje que apareció esta semana en un banco de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en medio del escándalo por un grupo de WhatsApp donde estudiantes compartían imágenes reales y manipuladas con inteligencia artificial de sus compañeras desnudas.
Según pudo reconstruir LA NACION, las alumnas de segundo año de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini se enteraron del material cuando vieron un drive con sus nombres, fotos y el valor con el que sus compañeros las comercializaban. Algunas eran fotos con sus caras y cuerpos hechos con inteligencia artificial; en otras, las desnudaban en fotos robadas de sus redes sociales.
A través de los grupos de WhatsApp pudieron saber que estaban involucrados también alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA). Había compradores y vendedores también de esa institución. Se vendían, según pudo saber este medio, diez fotos a $1000.
El domingo pasado empezaron a circular mensajes denunciando el hecho por redes sociales, de alumnas de ambos colegios secundarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires. “Ya ni en tus amigos podés confiar”, decía uno de ellos.
Cuando volvieron ese lunes 29 de junio al colegio, las alumnas del Pellegrini, que rondan los 14 años, no quisieron compartir aula con sus compañeros. Hubo ruidazos, sentadas para que intervengan las autoridades y esa tarde los alumnos señalados como autores no pudieron salir. Según contaron a este medio, los esperaban en la calle para agredirlos, les tiraron huevos. Los fueron a retirar sus padres.
Aún no hubo una denuncia formal, según pudo saber LA NACION. Hay chicas que no se animaron a contarlo en sus familias. Por lo que tampoco aún saben cuántas son las víctimas; hay muchas que aún no se animaron a hablar.
El martes pasado los alumnos involucrados no fueron a clases. Tras una semana de reclamos, este lunes habrían vuelto a la escuela. “Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas”, decía el mensaje que apareció en un banco.
Las alumnas no quieren compartir clase con el grupo involucrado; piden que sean separados del curso o incluso expulsados.
Según pudo saber LA NACION, hubo un pedido explícito de las víctimas de manejar el tema puertas adentro de los colegios y es por eso que, por el momento, no darán declaraciones a los medios ni se avanzará en una denuncia penal.
La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini hizo referencia a “usos indebidos de medios digitales” e informó que comenzó a recabar información mediante entrevistas con estudiantes y familias. “Se dieron los primeros indicios de la posibilidad de vulneración de imágenes, como así también de ejercer algún tipo de violencia entre estudiantes", indicó la institución.
Desde el Centro de Estudiantes contestaron ante la consulta de LA NACION que la escuela ya está interviniendo y hay protocolos vigentes. “Dicha activación será trabajada según las presentaciones remitidas, que conllevarían situaciones de violencia digital, de género, uso indebido de imágenes y otras”, señaló el comunicado de la escuela.
“El Equipo de Conducción canalizará institucionalmente las presentaciones bajo las normas y protocolos vigentes, derivando en acciones de protección y puesta en conocimiento de los entes que correspondan. A su vez, se reforzarán los espacios de conversación con estudiantes y familias de los cursos más afectados, a fin de sensibilizar, concientizar y erradicar este tipo de prácticas”, agregaron.
La semana próxima habrá reuniones con las familias.
“Toda la información que obtuvimos a partir de nuestras actuaciones fue puesta a disposición del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Durante estos días algunos estudiantes fueron suspendidos. Una vez concluidos los informes y las averiguaciones, y teniendo en cuenta que parte de los datos y las pruebas están contenidos en teléfonos celulares de menores de edad, debemos actuar con responsabilidad. Cuando contemos con toda la información, la escuela, en consulta con el CDNNyA y el Ministerio Público Tutelar, adoptará las medidas que correspondan”, precisó a LA NACION Ana Barral, rectora de la institución.
Luego se refirió a los límites de la intervención de la escuela, dado que se trata de hechos ocurridos en ámbitos privados, aunque con impacto en la convivencia escolar. “Continuamos trabajando para abordar esta problemática y garantizar el cuidado de nuestros estudiantes. Realizamos y seguimos realizando talleres y conversatorios sobre bullying, ciberbullying, uso indebido de redes sociales y masculinidades, entre otros temas. Además, contamos con un Consejo de Convivencia integrado por estudiantes y docentes, donde nos reunimos para tratar estas cuestiones que, evidentemente, afectan la convivencia, siempre resguardando la privacidad y los datos de todos los involucrados”, señaló.
El CNBA también emitió un comunicado, según señalan, ante “inquietudes sobre la posible existencia de circulación de imágenes de estudiantes del establecimiento”.
“Desde el Colegio abrimos de inmediato canales de escucha y acompañamiento en articulación con diferentes agentes de la comunidad: la Oficina de Género y Promoción de Vínculos Saludables, preceptores, tutores, orientadores, consejeros de convivencia, estudiantes y familias, para recibir información y ofrecer un espacio de diálogo y contención”, indicaron en el comunicado firmado por su rectora, Valeria Bergman.
También detallaron las acciones que la institución viene impulsando en temas como salud mental, Educación Sexual Integral (ESI), ciudadanía digital, prevención de la violencia de género, grooming, bullying, ludopatía y construcción de vínculos libres, responsables y diversos, a través de talleres, jornadas de reflexión y capacitaciones docentes. “Continuaremos profundizando este trabajo en los próximos días. Sabemos que no es una tarea sencilla: requiere procesos sostenidos en el tiempo y el compromiso de toda la comunidad”, señalaron.
“Consideramos que cualquier conducta de este tipo es repudiable y contraria a los valores que promueve esta institución. En ese marco, se adoptarán las medidas pedagógicas y reparatorias que correspondan, de acuerdo con el reglamento de convivencia y las normativas vigentes. Queremos remarcar la gravedad de estas situaciones y, por eso, creemos fundamental que también se reflexione y dialogue sobre ellas en el ámbito familiar”, agregaron en el comunicado difundido el 2 de julio.
Un día antes, un grupo de familias autoconvocadas había publicado un comunicado para expresar su solidaridad y acompañamiento. “Cuidar a las víctimas, respetar los procesos institucionales y rechazar toda forma de violencia es una responsabilidad que compromete a toda la comunidad educativa. Queremos que sepan que no están solas”, señalaron.
Además, informaron que impulsaron una nota firmada por casi 1000 familias, en la que pusieron a disposición su acompañamiento y solicitaron a las autoridades la activación de los protocolos existentes.
Ese mismo día también se pronunció la Comisión de Géneros del Centro de Estudiantes, que pidió que los hechos sean investigados con la seriedad que requieren.
“Resulta indignante y difícil de creer. Pero también nos lleva a pensar que ciertas conductas naturalizadas en la vida cotidiana hacen que enterarnos de casos así no sea algo tan impensado, sino una realidad palpable. La situación en nuestros colegios exige romper el silencio. Por eso exigimos que no se nos obligue a convivir diariamente con quienes integran estos círculos y participaron de la vulneración de la intimidad de estudiantes de este y otros colegios. Es aberrante que se naturalice tratar nuestros cuerpos como objetos de consumo y comercializar imágenes mediante redes de silencio virtuales”, afirmaron.
También llamaron a la reflexión y al compromiso de toda la comunidad: “Queremos interpelar no solo a quienes participaron activamente de la violencia, sino también a quienes la sostienen desde el silencio. Si sabés de alguien que difundió, comercializó, difunde o comercializa este tipo de material, denuncialo”.
“Quizás este sea también el momento de preguntarnos qué discusiones dimos por saldadas demasiado rápido. Más de una vez, en jornadas como las del 3J, hablar de consentimiento, autonomía sobre nuestros cuerpos, privacidad, respeto y violencia de género parecía volver sobre algo ‘obvio’. Lo ocurrido demuestra que esos consensos no pueden darse por sentados”, sostuvieron.
Y concluyeron: “Nada de esto puede entenderse como un hecho aislado, sino como una manifestación de la violencia de género que atraviesa a toda la sociedad y que también está presente en nuestras escuelas”.